El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio absolvió a nuestro representado de los delitos de tráfico ilícito de drogas (artículo 3° de la Ley N° 20.000) y tenencia de arma de fuego prohibida y municiones (Ley N° 17.798), en un caso que refleja una situación que se repite a diario en los tribunales del país: el hallazgo de especies en un vehículo en el que viajan varias personas. Los hechos se originaron en un control vehicular nocturno. Durante la fiscalización, uno de los acompañantes hizo una seña a otro ocupante, que movió un bolso —en cuyo interior había un arma apta para el disparo, municiones y droga— hacia la parte trasera del vehículo. Sobre esa base, el Ministerio Público formalizó y acusó, entre otros, al conductor. En sus considerandos octavo y décimo, la mayoría del Tribunal razonó que la prueba de cargo fue insuficiente para alcanzar la convicción, más allá de toda duda razonable, exigida por el artículo 340 del Código Procesal Penal: la sola conducción del vehículo no permite tener por acreditado que el conductor conociera siquiera la existencia del bolso ni, menos aún, su contenido ilícito. El Tribunal subrayó, además, un principio esencial: aunque el tráfico de drogas y la tenencia de armas son delitos de peligro abstracto —en que se castiga la sola realización de la conducta—, ello no autoriza una responsabilidad objetiva pura, contraria al artículo 19 N° 3 de la Constitución. Es necesario acreditar el elemento subjetivo, esto es, la conciencia de poseer o tener lo prohibido. Al no probarse esa actitud dolosa, la falta de certeza impide destruir la presunción de inocencia. La decisión se adoptó con el voto en contra de la jueza redactora, partidaria de condenar por estimar que el conductor tenía el dominio de la situación y conocía el traslado de las sustancias. Conviene precisar, con todo, que lo único que el conductor reconoció fue que lo habían invitado a fumar un pito de marihuana; desde esa sola admisión la disidencia infería el conocimiento del resto de las especies. La sentencia fue pronunciada por los jueces don Edgardo Castro Fuentes —quien presidió la audiencia—, don Sergio Ortiz Huechapan y doña Catalina Lagos Gómez (redactora del voto disidente). La defensa estuvo a cargo del abogado Álvaro Pérez Verde-Ramo, como defensor de confianza. Compartimos este fallo como un aporte al foro penal, por tratarse de una cuestión de aplicación cotidiana. Puede consultarse el texto íntegro, debidamente anonimizado, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1JbaeXOU8d_hwHVD8DBjpz7PlVJWaXTDa/view?usp=sharing

Análisis de la Sentencia Rol N° 33.103-2025 El 12 de septiembre de 2025, la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema de Chile dictó una resolución de especial trascendencia (Rol N° 33.103-2025), que viene a clarificar y reafirmar el estándar de admisibilidad del recurso de protección en nuestro país. En esta oportunidad, el máximo tribunal revocó la decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que había declarado inadmisible el recurso de protección, estableciendo un precedente interpretativo sobre el alcance del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. Antecedentes del caso La controversia surgió a partir de la inadmisibilidad declarada por la Corte de Apelaciones, decisión que fue impugnada mediante recurso de apelación. El examen de admisibilidad temprana se encuentra regulado en el inciso segundo del N° 2 del Auto Acordado de la Corte Suprema. Dicho Auto Acordado establece que el tribunal debe verificar, en esta etapa inicial, dos requisitos básicos: Que el recurso se interponga dentro de plazo. Que se mencionen hechos que puedan constituir la vulneración de garantías constitucionales reconocidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Lo resuelto por la Corte Suprema Tras revisar los antecedentes, la Tercera Sala –integrada por los Ministros Mario Carroza, Diego Gonzalo Simpertigue, Jorge Luis Zepeda (s), y los Abogados Integrantes Raúl Fuentes y Andrea Ruiz– concluyó que el recurso efectivamente mencionaba hechos que eventualmente podían constituir la vulneración de derechos protegidos. En consecuencia, determinó que el recurso debió haber sido acogido a tramitación. Por estas consideraciones, se revocó la resolución apelada y se declaró admisible el recurso de protección, ordenando darle el curso procesal correspondiente. Relevancia jurídica y práctica Este fallo tiene un impacto significativo, en la práctica forense: Clarificación del estándar de admisibilidad: La Corte Suprema enfatiza que el umbral de análisis es si los hechos pueden constituir vulneración, sin exigir certeza ni prueba acabada en esta fase inicial. Protección del acceso a la justicia: Se evita que los tribunales inferiores desestimen prematuramente acciones constitucionales, garantizando a los recurrentes que sus planteamientos sean examinados en su mérito. Reafirmación del rol cautelar del recurso de protección: Se consolida la visión del recurso como una herramienta de tutela urgente, donde la rapidez procesal debe equilibrarse con un examen mínimo de los antecedentes presentados. La sentencia Rol N° 33.103-2025 marca un hito en la protección de derechos fundamentales, al reforzar que las normas procesales deben aplicarse con sentido práctico y orientadas a garantizar una tutela efectiva. Para nuestro estudio, este pronunciamiento constituye un reconocimiento a la labor desarrollada en la defensa de nuestros representados y consolida nuestro compromiso con el acceso real a la justicia.

En HCYP Abogados nos llena de orgullo felicitar a nuestra socia fundadora, Solange Huerta Reyes, quien ha asumido la coordinación de la Unidad de Causas Complejas de la Defensoría Penal Pública a partir del 1 de agosto de 2025. Este nombramiento reconoce una trayectoria destacada en el ámbito penal y de derechos fundamentales, y reafirma su compromiso con el servicio público. https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/15890/solange-huerta-asumio-como-encargada-de-la-unidad-de-causas-complejas-de-la-defensoria-nacional Durante los últimos años, Solange aportó liderazgo, excelencia técnica y humanidad al trabajo de nuestro estudio, ayudando a formar equipos, consolidar estándares de litigación estratégica y fortalecer una cultura centrada en la defensa rigurosa, el trato digno y la ética profesional. Su paso por HCYP dejó huellas profundas que seguirán guiando nuestro quehacer diario. Como equipo, agradecemos su entrega y visión, y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Estamos seguros de que su experiencia y vocación de servicio contribuirán significativamente a la labor institucional y al fortalecimiento del Estado de Derecho. Seguimos aquí para nuestros clientes. HCYP Abogados continuará prestando servicios con el mismo compromiso, calidad y dedicación de siempre, honrando el legado de excelencia que Solange ayudó a construir. ¡Éxito, Solange! Desde HCYP Abogados celebramos este hito y renovamos nuestros mejores deseos para los desafíos que vienen.

El 19 de junio de 2025, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina absolvió al detective Javier Ignacio Parra Ulloa, quien fue acusado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte a raíz de un disparo que causó la muerte de María Ignacia Pérez Barriga, de 18 años, en el marco de un procedimiento policial ocurrido el 12 de octubre de 2020 en Lampa. En resolución unánime (causa rol 123-2024), el tribunal –integrado por los jueces René Subiabre Pérez (presidente), María Paola Paredes Vega (redactora) y Massiel Guajardo Pacheco– tras la deliberación de rigor, arribó a la convicción de que el acusado actuó en legítima defensa de terceros y con ejercicio legítimo de la fuerza. La sentencia se fundó en que la Fiscalía no logró acreditar de forma suficiente los elementos constitutivos del delito imputado, ni pudo desvirtuar la versión de la defensa respecto a que el disparo se efectuó en el contexto de una amenaza inminente durante un operativo orientado a detener a un sujeto con orden judicial pendiente. Este fallo viene a resolver en los hechos una controversia jurídica relevante sobre la correcta aplicación de la normativa que regula el uso de la fuerza por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones, especialmente lo dispuesto en la Orden General N° 2615/2019, que establece principios como la legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad. La sentencia valida la tesis jurídica sostenida por nuestro equipo defensor, confirmando que la actuación del funcionario se enmarcó en el cumplimiento de su deber y en legítima defensa, conforme a los protocolos institucionales y a las exigencias legales vigentes, ello tras ser enfrentado por un vehículo sospechoso que evadía el control, con vidrios polarizados que impedían ver quiénes viajaban en su interior. Si bien el tribunal resolvió la absolución del detective, el hecho no deja de ser profundamente lamentable por la pérdida de una joven que no tenía participación directa en el procedimiento policial. En nuestro estudio jurídico, comprendemos que la labor de los funcionarios policiales es difícil, muchas veces incomprendida, y constantemente sometida a juicios tanto sociales como legales. Nos parece fundamental que estos casos sean revisados con altura jurídica, rigor técnico y también con sentido humano, tanto por el impacto en las víctimas como en quienes se ven involucrados en procedimientos de riesgo extremo.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/corte-revoca-prision-preventiva-de-dos-excadetes-de-cobreloa-en-caso-de-supuesta-violacion-grupal/?outputType=base-amp-typ En el contexto de una causa penal aún vigente y en etapa de investigación, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió, con fecha 24 de mayo de 2025, sustituir la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a dos imputados, reemplazándola por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Esta decisión se enmarca en el respeto al principio de presunción de inocencia, que ampara a toda persona sometida a investigación penal, y responde a los antecedentes aportados por la defensa —asumida por nuestro estudio jurídico— los cuales fueron considerados por el tribunal como elementos suficientes para decretar una medida cautelar menos gravosa y más acorde con la etapa procesal del caso. En su resolución, la Ilustrísima Corte valoró: La irreprochable conducta anterior de los imputados. Su arraigo social, familiar y deportivo. El hecho de que la prisión preventiva, prolongada por más de un año, ya comenzaba a configurarse como una forma de cumplimiento anticipado de pena, lo cual contraviene los principios del proceso penal acusatorio. Asimismo, la Corte indicó que el arresto domiciliario total cumple de forma suficiente los fines de cautela contemplados en el artículo 155 del Código Procesal Penal, tales como la protección de la víctima, la seguridad de la sociedad y el éxito de las diligencias investigativas. Esta resolución también se alinea con criterios recientes de la Excelentrísima Corte Suprema, que ha reafirmado que la prisión preventiva es una medida de aplicación excepcional, y que debe evitarse siempre que existan otras alternativas legales menos gravosas para asegurar los fines del procedimiento. Desde nuestro estudio jurídico reafirmamos nuestro compromiso con la defensa penal seria, técnica y respetuosa de los derechos fundamentales, especialmente en causas sensibles y de alta exposición pública, donde el debido proceso debe resguardarse con el máximo rigor y responsabilidad.

https://www.adnradio.cl/2025/06/04/actuo-en-legitima-defensa-absuelven-a-detective-de-la-pdi-acusado-de-matar-de-joven-durante-operativo-en-lampa/ El pasado 4 de junio de 2025, un joven detective de la Policía de Investigaciones (PDI) fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Colina, tras ser acusado de la muerte de una joven durante un procedimiento policial en la comuna de Lampa. El tribunal concluyó que el funcionario actuó en legítima defensa, respaldado por la evidencia y el contexto del operativo, según informaron diversos medios nacionales como ADN Radio. Si bien se trató de una situación lamentable ocurrida en octubre del año 2020l , el fallo reafirma los principios jurídicos que rigen el uso de la fuerza y la legítima defensa en Chile. El caso se vuelve relevante no solo por su carga emocional y mediática, sino también por la importancia legal que representa en cuanto a los límites y justificaciones de la acción policial. En nuestro estudio jurídico, abordamos este tipo de casos con el máximo compromiso profesional y humano. Sabemos que situaciones así requieren no solo conocimiento técnico, sino también una comprensión profunda del impacto social y personal que conllevan. Si usted o alguien cercano enfrenta una investigación penal relacionada con el uso de la fuerza, es vital contar con asesoría jurídica especializada desde el primer momento.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que decretó la absolución de la concejala de La Florida Marcela Ximena Abedrapo Iglesias, sindicada por la parte querellante, el director de obras municipales de la comuna, como autora del delito consumado de injurias con publicidad.

Abogada presentó acción de aclaración ante tribunal de garantía por expresiones en Radio Duna. Noticia publicada 30 de diciembre de 2020 Felices y Forrados interpuso acciones legales para resguardar el derecho de aclaración y rectificación, contra infracciones previstas en la Ley 19.733 “Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo”. El requerimiento ingresado ante el tribunal por la abogada Solange Huerta Reyes, del estudio jurídico Huerta, Castellanos & Pérez Asociados, en representación de Felices y Forrados SpA, expone las expresiones equívocas y desinformadas que fueron vertidas el 12 de noviembre de 2020 en el programa Información Privilegiada de Radio Duna. Solange Huerta ha desarrollado una destacada trayectoria como abogada y es experta en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Ejerció como Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente y también fue directora de la unidad especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, entre otros. Con esta acción amparada en la Ley de Prensa, Felices y Forrados busca asegurar que, ante alusiones injustas y acusaciones infundadas, pueda ejercerse efectivamente el derecho de aclaración y rectificación consagrado constitucionalmente para resguardar su derecho a réplica, lo que esperamos sea acogido, pues también redunda en que la información que reciba la comunidad resulte veraz y equilibrada, cuestión que, en este caso particular, lamentablemente no ha ocurrido.

Los abogados Solange Huerta Reyes, Andrés Castellanos Zerega y Álvaro Pérez Verde-Ramo, fundaron recientemente el estudio jurídico HCYP Abogados (Huerta, Castellanos & Pérez), firma especializada en casos penales de alta complejidad. Los socios, todos ex fiscales, tienen una trayectoria marcada por la representación de personas o empresas para la resolución de conflictos litigiosos o extrajudiciales. Sus áreas de trabajo están conformadas por casos de alta complejidad en el ámbito penal; derecho penal económico; accidentes o negligencias; derecho administrativo sancionador y defensa de delitos en general.